Suspenderán Deportaciones

Fuente Telemundo 

WASHINGTON - El presidente Barack Obama dijo que su plan de suspender las deportaciones y ofrecer permisos de trabajo por dos años a inmigrantes no autorizados menores de 30 años y que reúnan ciertas características hace al sistema migratorio "más justo y más eficiente".

Autor: AP

"Es la medida correcta", dijo Obama en la Casa Blanca horas después de que la secretaria de seguridad nacional Janet Napolitano anunciara la medida que ofrece un alivio temporal y por vía administrativa a cientos de miles de personas que esperan beneficiarse del proyecto de ley Dream Act. Obama remarcó que "esto no es una amnistía, esto no es inmunidad. Esto no es una vía para la naturalización, no es una solución permanente. Esto es una medida temporal".

"No tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos", dijo el presidente y añadió que tomaba la medida ante la falta de decisión del Congreso "para reparar nuestro sistema quebrado".

El anuncio ocurre días después de que activistas a favor del Dream Act depusieran una huelga de hambre y anunciaran planes de tomar oficinas de campaña de Obama para presionarlo a emitir una orden ejecutiva que detenga las deportaciones, mientras el mandatario corteja activamente el voto hispano, crucial en varios estados, en su búsqueda de la reelección en noviembre.

El centro de estudios Pew Hispanic Center estimó que la medida podría beneficiar a 1,4 millón de personas, incluyendo a 700,000 inmigrantes no autorizados de entre 18 y 30 años que ingresaron a Estados Unidos como niños y que actualmente cursan estudios o ya terminaron la secundaria, y a otras 700.000 personas menores de 18 años y que cursan estudios. El segundo grupo incluye a 150.000 estudiantes de secundaria.

Los republicanos criticaron con dureza la medida. El presidente del comité judicial de la cámara baja Lamar Smith lo calificó de "traición" al pueblo estadounidense porque "este enorme cambio de política tiene consecuencias horribles para los estadounidenses desempleados en busca de trabajo y viola el juramento del presidente Obama de respetar las leyes".

"Esto no es inmunidad, no es una amnistía, es ejercer el criterio para que este grupo de gente joven no se encuentre en el sistema de deportación", dijo Napolitano durante una conferencia telefónica con periodistas. La medida "nos ayudará a continuar haciendo más eficiente el cumplimiento de las leyes de inmigración y asegurar que los recursos no se malgastan en casos de baja prioridad en los que están involucrados estos productivos jóvenes".

Los beneficiarios de esta medida necesitan haber ingresado a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, haber residido de manera continua en el país durante los últimos cinco años y encontrarse actualmente en su territorio, cursar estudios actualmente, haber culminado la educación secundaria, obtenido un certificado de educación general (GED por sus siglas en inglés) o haber servido en las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera.

También necesitan no haber sido sentenciados por delitos mayores, por faltas menores importantes, ni representar amenaza alguna a la seguridad pública. Los inmigrantes no autorizados menores de 16 años no podrán solicitar la anulación de su proceso de deportación, pero funcionarios dijeron que no serán deportados.

Los requisitos coinciden con los estipulados en el Drem Act, aprobado por la cámara baja en 2010 pero que no obtuvo los votos necesarios en el Senado y que buscaba beneficiar a un grupo de personas con esas características. Sin embargo, Napolitano dejó claro que el beneficio administrativo anunciado el viernes será otorgado tras evaluar cada solicitud por separado, igual que la entrega de permisos de trabajo.

Napolitano agregó que la medida podría beneficiar a unas 800.000 personas aunque todo dependerá de cuántos jóvenes acudan a las oficinas de inmigración para demostrar que cumplen con los requisitos, e insistió en que no se entregarán tarjetas de residencia permanente a estos jóvenes: la medida es tan sólo temporal y el procedimiento deberá renovarse dentro de dos años.

"Sigo urgiendo al Congreso a que apruebe el Dream Act", dijo.

La medida administrativa se asemeja a otro proyecto de ley que prepara el senador republicano Marco Rubio, quien se perfila con posibilidades de optar a la vicepresidencia junto al candidato Mitt Romney. Rubio no criticó el anuncio, pero dijo que dificultaría alcanzar una solución permanente.

Numerosos legisladores demócratas expresaron su beneplácito. El senador Dick Durbin, autor de proyecto de ley del 2010, calificó la decisión como un "momento humanitario histórico".

Julio Calderón, un hondureño sin papeles que llegó a los 16 años a Estados Unidos y vive en Miami, reaccionó con alegría.

"Es como un primer paso porque falta mucho, hay muchos padres que siguen siendo deportados", dijo a la AP. "Es un paso correcto... es algo que le quitará el miedo a muchos estudiantes indocumentados", agregó.

El joven pertenece al grupo "Studens Working for Equal Rights" que esta semana exigió al presidente desde Miami que frene las deportaciones. Calderón dijo que tiene claro que la medida es también una maniobra para captar el voto hispano.

Astrid Silva, una joven mexicana de 24 años que vive en Las Vegas, dijo que se siente aliviada no sólo por ella, sino también por todos sus amigos.

"Es algo que soñábamos que iba a pasar. Desafortunadamente los republicanos no querían ser parte de eso y finalmente el presidente tuvo que tomar acción y gracias a Dios el presidente hizo una promesa, tardó un poco, pero cumplió", indicó Silva, una estudiante que culminó con honores la secundaria y reúne 4.000 dólares por semestre para estudiar en la Universidad de Las Vegas.

"Es el principio. Ojalá que también empiece a beneficiar a nuestras familias, a nuestros papás", señaló.

Organizaciones pro inmigrantes y de la comunidad hispana han criticado a Obama no sólo por incumplir su promesa de lograr una reforma migratoria integral sino por haber deportado una cifra sin precedentes de casi 400.000 personas en 2010 y 2011.

Mientras Obama reiteraba sus acusaciones de que la bancada republicana en el congreso obstruye cualquier intento de lograr una reforma migratoria, las autoridades migratorias han adoptado varias medidas administrativas en un intento por limitar las deportaciones a criminales y personas que reingresan ilegalmente a Estados Unidos.

Hasta el momento, la Oficina de Inmigración y Aduanas ha revisado más de 232.000 procesos de deportación y decidió anular 20,000, de los cuales 4.000 han decidido litigar en los tribunales para obtener un permiso de trabajo.

Un sondeo elaborado por NBC News/Wall Street Journal el mes pasado determinó que Obama aventaja a Romney entre el electorado hispano 61 a 27%.

El anuncio se produjo poco antes de que la Corte Suprema emita un fallo sobre la ley migratoria vigente en el estado de Arizona desde 2010, la cual requiere a la policía pedir documentos a cualquier detenido sobre cuyo estatus migratorio tengan sospechas. El Departamento de Justicia acudió a la vía legal para anular la ley.

MIGRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

28 de agosto de 2011

Fuente: Actualidad Económica del Perú
Por Francisco Durand
 Sociólogo, fundador y ex presidente de la Soc. Peruana de San Antonio

 “Somos un país de inmigrantes”, suelen decir con orgullo algunos estadounidenses, no dudando de completar estas frases con alusiones a “la tierra prometida”. En realidad, nunca hubo consenso. Desde hace 200 años el país se ha dividido entre movimientos a favor de la inmigración y movimientos “nativistas” antiinmigrantes. En el 2010 este debate arrecia, esta vez con los latinos.

 Hace cinco años el cónsul peruano en Houston visitó San Antonio. Eduardo Rivoldi contó que viajaría a Pearsall, un pueblo con un Centro de Detención en el que los inmigrantes esperaban ser deportados previa decisión del juez. “En Pearsall”, me dijo, “debo visitar a varias familias peruanas”. “¿Cómo?”, le dije, “¿a qué te refieres?”. Me reveló que familias enteras estaban en Pearsall en tanto no pueden separar a padres de hijos. Como el objetivo es deportarlos, todos van adentro.

 Lo ocurrido era parte de una nueva política impulsada por los estados fronterizos, que alguna vez fueron mexicanos, para frenar a los “indocumentados”. A veces menores de edad son deportados a pesar de ser ciudadanos en tanto nacieron en EUA. El gobierno federal también se ha endurecido. De acuerdo con enmiendas de la Constitución realizadas después de la Guerra Civil de 1860-65, cualquier persona nacida en el país es automáticamente estadounidense y goza de “protección igual ante la ley”. Creado ese derecho, un siglo después, comenzaron a ocurrir casos en los que mujeres embarazadas cruzaban la frontera –en cualquier punto de las 1.900 millas que la separan de México– para dar a luz y conseguir el ansiado certificado de nacimiento. Al principio, nadie les prestaba atención, hasta que la derecha comenzó a hablar de ‘anchor babies’, bebés ancla, en respuesta a las movilizaciones de indocumentados que estallaron en el 2006. Fue ese año cuando los latinos tomaron las calles gritando “el pueblo unido jamás será vencido”.  Las movilizaciones eran una respuesta a un endurecimiento de las autoridades de los estados fronterizos, como California, Arizona, Nuevo México y Texas, que arrestaban a los indocumentados, y querían “sellar la frontera” con un nuevo muro y más patrullas. A ello se sumaban casos como el del sheriff Dan Arpiago, de Arizona, famoso por usar la policía para buscar indocumentados. Aparecieron incluso milicias de rancheros y neoconservadores blancos dedicados a vigilar la frontera.

 En realidad, EUA es “un país de inmigrantes”, pero de blancos, así que el debate es más tenso cuando aparecen los “de color”, sobre todo aquellos que llegaron por su cuenta. Entre 1820, cuando emigraron los odiados irlandeses, católicos y peleadores, hasta el 2000 –momento en que predomina el inmigrante latino–, la suma de inmigrantes a EUA era de 66 millones. La mayoría –39 millones– vino de Europa, y a ellos hay que sumar 4 millones del Canadá. Este flujo blanco predominó hasta 1960. Los  otros migrantes comenzaron a llegar desde 1960, siendo 17 millones latinos y 9 millones asiáticos. Muchos latinos llegan  penetrando la enorme, agreste y semidespoblada frontera con México. Al 2011 hay 50 millones de latinos en una población total de 300 millones. Son la “minoría mayoritaria”, y pesan cada vez  más en las elecciones, lo cual obliga a los dos partidos a cortejarlos. 12 millones de latinos votan, representando el 8.7% del electorado, inclinándose a los demócratas.Pero son también un problema, en tanto de los 12 millones de indocumentados, 9 son latinos. Legales e ilegales viven juntos, incluso hay distintos estatus legales en una sola familia, así que no hay forma de separarlos políticamente. Eso les complica el problema a los partidos. 

 Tres factores han desatado el endurecimiento. Empezó cuando estados como Arizona, “invadidos” por gente “de distinta cultura”, comenzaron a perseguir a los indocumentados. Segundo, el ataque del 11 de septiembre del 2001 creó pánico e seguridad en la frontera. Tercero, la crisis económica y fiscal que sufre el país. Ahora EUA necesita menos mano de obra, y muchos ven a los latinos como transgresores que compiten con bajos salarios.  Esos tres factores explican la dificultad de los demócratas de aprobar una reforma migratoria que otorgue una amnistía y el relativo éxito republicano en exigir medidas duras, lo cual genera un empate. Empezó cuando la Cámara Baja, bajo dirección republicana, quiso aprobar en el 2006 una ley que criminalizaba a los inmigrantes ilegales. Fue rechazada por el Senado luego de las manifestaciones. Era difícil encarcelar y deportar a 12 millones. Muchas empresas y familias los necesitan, sea como mano de obra experta y pujante, o como obreros de construcción, cocineros y trabajadores agrícolas, así sean ilegales, o mejor dicho precisamente por ser ilegales al ser más baratos. A la parálisis del Congreso, siguió la deportación a cuenta gotas. En el 2006 hubo más de 250,000 deportados, en el 2009 llegaron a 387,000, y continúa subiendo. En cuanto a los detenidos en la frontera, la tendencia es al revés. El gobierno detuvo a 1´676,000 personas en el 2000. Luego vino el reforzamiento fronterizo del 2001, y para el 2010 la cifra bajó a 500,000. Una señal de aliento.

 Se acercan las elecciones y Obama necesita el voto latino. Ha comenzado a ablandar las políticas antiinmigrantes. Acaba de ordenar que en el caso de ilegales que ”no sean una amenaza” puede suspenderse la deportación. Los nativistas conservadores acusan a Obama de preparar ”una aministía por la puerta trasera”. Quieren eliminar a los bebés ancla invocando la enmienda constitucional de 1868 para que no baste con nacer en los EUA para ser ciudadano americano. Pero no tienen los votos. Mientras tanto los latinos se han organizado y ya no esperan lo que republicanos y demócratas puedan hacer.  Luchan por su cuenta por el DREAM Act, una ley para que los niños que vinieron con sus padres como ilegales puedan ser legales si estudian o se enlistan en las fuerzas armadas. Unos 200,000 de estos dreamers podrían quedarse en los EUA si se aprueba la ley. La batalla continúa en el paraíso, país que también puede parecerse a un infierno si se es latino indocumentado. Mientras tanto los cónsules latinoamericanos siguen visitando las cárceles, digo, los Centros de Detención. Los latinos siguen organizándose. Algunos comienzan a tener apoyo de sus gobiernos, factor que puede ayudar a inclinar la balanza. Esperamos que Torre Tagle se sume al esfuerzo.

Arizona: la lucha continúa

La República

01 de agosto de 2010

La Ley de Inmigración más dura en la historia de los Estados Unidos entró en vigencia de forma parcial el jueves pasado. El fallo de una jueza federal bloqueó la aplicación de sus disposiciones más polémicas. Si bien esta tregua puede ser considerada un éxito en la lucha de los extranjeros indocumentados, todavía está pendiente el debate en el ámbito judicial. Aquí los efectos de la norma que polarizó al país. 

Por Almudena Tiral/ Ghiovani Hinojosa

“A todos esos que nos odian nomás por nuestro color, que Dios los perdone. Para mí esa jueza (Susan Bolton) es una bendición”, dijo la inmigrante Consuelo Quesada al diario virtual “La Opinión”. Ella fue la única de su familia que decidió quedarse en Arizona a pesar de las amenazas que se ciernen en ese estado para los extranjeros. Sus 15 parientes indocumentados prefirieron viajar a Colorado. “Yo no lo hice por mis hijos”, explicó. Ellos tienen doble ciudadanía, es decir, un promisorio futuro legal. Pero, en medio de la tensión que supone sobrevivir en la clandestinidad, Consuelo recibió una grata noticia el miércoles pasado. La jueza federal Susan Bolton ordenó que la Ley de Inmigración de Arizona –la más intransigente en la historia de los Estados Unidos– entrara en vigencia sin sus disposiciones más polémicas. En otras palabras, Bolton bloqueó la norma.

Las principales partes de la ley que quedaron inaplicables son: la autorización a los policías de revisar la condición migratoria de personas “sospechosas” y detenidas por alguna razón, la obligación a los inmigrantes de portar documentos que acrediten su estatus de residentes legales y la prohibición a los extranjeros indocumentados de solicitar empleo en lugares públicos. Sí pasaron el filtro de la jueza Bolton la disposición que prohíbe a los conductores estadounidenses detener sus vehículos para recoger a trabajadores ilegales y la penalización del hecho de alentar a un inmigrante ilegal a vivir en Arizona. La gobernadora del estado, Jan Brewer, ha anunciado que apelará el fallo judicial. La Casa Blanca, por su lado, ha saludado la decisión de Susan Bolton. Así se inicia un largo debate judicial que determinará la validez y aplicación de la ley. Pero los inmigrantes no dejan de estar en guardia, saben que hay un fuerte aparato social y político que hará todo lo posible por arrimarlos a la frontera.

Efectos a nivel nacional 
Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración de Estados Unidos, afirma que actualmente en el país hay 22 estados en los cuales se está intentando aprobar legislaciones migratorias conservadoras como la de Arizona. Algunas iniciativas locales están difundiendo terror en la comunidad inmigrante y sentando precedente para otras municipalidades en las que se registran reacciones extremistas. Dos ejemplos son Fremont, Nebraska, donde se aprobó en junio una prohibición de vender o alquilar inmuebles a indocumentados, y Salt Lake City, Utah, donde recientemente circuló una lista de 1,300 “inmigrantes ilegales” con fechas de nacimiento, teléfonos y direcciones.

El Departamento de Justicia estadounidense ha presentado una denuncia contra Arizona para invalidar la ley estatal, declarándola inconstitucional por entrometerse en las competencias federales. Luego del fallo de la jueza Susan Bolton, este proceso será el que resuelva el caso. La iniciativa vino después de que más de 30 jurisdicciones a nivel nacional pasaran resoluciones para condenar la SB1070 –como se conoce técnicamente a la Ley de Arizona–, se unieran a un boicot económico al estado liderado por Los Ángeles e instituyeran prohibiciones de viaje a su territorio. Los alcaldes del país (entre ellos Michael Bloomberg, de Nueva York) se opusieron fervientemente a la legislación en una reciente conferencia anual. Tampoco parece que el torneo de béisbol All-Star Game, que en 2011 debía jugarse en Arizona, vaya a poder realizarse en el estado. “Todos estos pedacitos (del país) están manteniendo vivo el debate migratorio”, afirma Vargas.

Obama ha criticado la controversial ley públicamente y, en el discurso sobre inmigración que dio el 1º de julio, afirmó que “el sistema (de inmigración) está roto y todo el mundo lo sabe”. Muchos le piden acción en vez de palabras. Pero desgastado por una difícil reforma sanitaria y constreñido por el ciclo electoral (las legislativas son en noviembre), todos los pronósticos apuntan a que el presidente no podrá meterle mano a la reforma migratoria hasta el próximo año. 

Efectos en Arizona
Aunque no hay datos oficiales, hay evidencia de que muchas familias inmigrantes se han marchado de Arizona a otros estados o de vuelta a sus países. Petra Falcón, directora ejecutiva de Promise Arizona (PAZ), dice que ella ha visto a un número considerable de familias de su comunidad partir, y que se tendrá un mejor conocimiento de la magnitud del éxodo en agosto, cuando el tiempo escolar comience y se vea cuántos niños no regresaron de ‘las vacaciones’. 

PAZ comenzó su labor hace pocos meses, antes de que se supiera de la ley, con la intención de sensibilizar a los latinos en el estado de su fuerza como votantes. Pero ahora el rol de la organización se ha magnificado. Llevan desde abril organizando una vigilia diaria masiva frente al Capitolio de Phoenix, ciudad principal de Arizona, de 5 am a 10 pm. La vigilia se ha convertido en centro comunitario para inmigrantes en apuro que vienen aquí en busca de compañía, comida, consejo o un hombro en el que llorar. Pero el miércoles pasado, cuando se conoció el fallo de la jueza Bolton, fue el escenario de abrazos y besos con calor latino.

Felipa (apellido oculto por estado migratorio) se gana la vida recogiendo botellas de plástico y latas de Coca-Cola en las calles de Phoenix. Recuerda que una mañana recibió la llamada de su esposo diciendo que la fábrica donde trabajaba estaba rodeada de sheriffs. Una redada lo llevó junto a otros treinta hombres a una cárcel local. Tras ser deportado a México, volvió a su natal Michoacán, que no había visto en ocho años. “Al principio él me decía que quería que volviese con los niños para empezar una vida allí de nuevo”, cuenta Felipa. Tres semanas después, él afirma haber visto tal nivel de desempleo y delincuencia en Michoacán que no puede imaginar a su familia en ese entorno. No saben aún qué harán. Por el momento, una sabia decisión de la jueza Susan Bolton les ha dado un momento de tranquilidad. 

Ilegales en arizona

Según Pew Hispanic Center, los hispanos representan el 4.2% de la población del país. En Arizona son el 30%: aproximadamente dos millones de personas, 10,000 peruanos. Se estima que 500,000 inmigrantes (de ellos 4,500 peruanos) son indocumentados y por lo tanto se verían directamente afectados por la SB1070. Según el New York Times, el trozo de frontera en Arizona es por el que cruzan más inmigrantes desde México. 

LA LEY DE ARIZONA (SB1070)
•¿Cuándo? Se firmó el 23 de abril. Entró en vigor el 29 de julio, un día después de que la jueza Susan Bolton bloqueara sus principales disposiciones.

•¿Qué? Criminaliza el permanecer en el estado sin documentación legal. Requiere y permite que los policías locales y estatales pidan documentos de inmigración y arresten a cualquier persona de la que se tenga “razonable sospecha” de estar en el país ilegalmente. Está pendiente de discusión judicial. 

•Implicaciones: Discriminación racial. Creación de un estado policial. Mal uso de recursos. El embajador de EEUU en México, entre otros, la ha calificado de “apartheid” y “violación de derechos civiles”.

'Redadas silenciosas' ponen presión sobre inmigrantes indocumentados en EE.UU.

• MARCH 29, 2011
• Fuente The Wall Street Journal

Por Miriam Jordan 
 
Jaime López ganaba US$14 por hora, más prestaciones, como empleado de mantenimiento en un edificio de oficinas en las afueras de Mineápolis. Entonces, su empleador fue auditado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), y López, junto con otros 1.200 inmigrantes indocumentados en las Ciudades Gemelas (Mineápolis y St. Paul), perdió su empleo en octubre de 2009.

Hoy, el inmigrante indocumentado oriundo de México, de 30 años, dice que está teniendo problemas en poner US$500 al mes sobre la mesa con trabajos ocasionales, con frecuencia trabajando por menos del salario mínimo por hora del estado de Minnesota.

Los detractores de las políticas de inmigración estadounidenses, a la izquierda y a la derecha del espectro político, se oponen a estas llamadas "redadas silenciosas" del gobierno del presidente Barack Obama. Dicen que, de hecho, desvían los trabajadores inmigrantes indocumentados con empleos relativamente bien pagos a la economía subterránea. Los conservadores preferirían deportar a los inmigrantes, mientras que otros piden una senda a la ciudadanía estadounidense.

Javier Morillo, presidente del local 26 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) en las Ciudades Gemelas, el cual representaba a López, dijo: "Uno esta sacando a personas trabajadoras de empleos que pagan bien y moviéndolos a empleos en los que son explotados".

El representante republicano Lamar Smith, de Texas, uno de los principales enemigos de la inmigración ilegal, dijo que "las auditorías no son un gran disuasivo" de la inmigración ilegal, porque los trabajadores "simplemente salen a la calle y consiguen otro empleo".

En abril de 2009, el gobierno de Obama orientó el foco de la fiscalización de las leyes en el ámbito laboral de arrestar trabajadores indocumentados a poner presión sobre los empleadores. La estrategia representó el final de la política de la era de Bush de llevar a cabo redadas de alto perfil en sitios de trabajo, durante los cuales se arrestaban inmigrantes indocumentados para su deportación.

Las redadas silenciosas han afectado a miles de empresas, principalmente en los sectores de restaurantes, agricultura y mantenimiento de edificios. Los agentes del ICE recogen y revisan los archivos de contratación de personal, en general los formularios I-9 que verifican la elegibilidad para trabajar en compañías estadounidenses. Las compañías con trabajadores no autorizados pueden encarar el procesamiento civil y penal.

En meses recientes, las auditorías han golpeado las operaciones en Minnesota de dos compañías nacionales, Chipotle Mexican Grill, una cadena de burritos de rápido crecimiento, y Harvard Maintenance, una empresa de servicios de conserjería y mantenimiento. Juntas, despidieron a casi 1.000 trabajadores.

En total, hay en curso más de 1.000 auditorías en todo el país, según el ICE. "La mayoría de las compañías no son conocidas por el público general, pero está ocurriendo auditorías en cantidades récord", dijo un funcionario del ICE.

A mediados de 2009, el gobierno notificó al empleador de López, la empresa de servicios de conserjería ABM Industries Inc., con sede en Nueva York, que una auditoría de sus formularios de elegibilidad de trabajadores en Minnesota había revelado más de 1.000 empleados con documentos sospechosos, según el SEIU.

Entre ellos estaba López, quien había cruzado la frontera en 2002 y se había radicado en la zona de las Ciudades Gemelas, donde había escuchado que abundaban los empleos. Comenzó a trabajar como limpiador de oficinas en el turno nocturno, ganando US$10,25 por hora, con prestaciones y afiliación al SEIU. En 2005, fue promovido a un cargo de mantenimiento, encargándose desde reparaciones de alumbrado hasta la operación de equipos durante horas comerciales. Ganaba US$14 por hora.
"Era un área muy buena y estable para trabajar", recordó. "Me trataban bien".

Entretanto, se casó y tuvo dos hijos. Pagó US$2.500 por una furgoneta Plymouth azul modelo 1997. Tras su ascenso, solicitó una hipoteca por una casa de dos habitaciones de US$185.000, que remodeló. Se inscribió en clases de inglés en un instituto local.

En el otoño boreal de 2009, el SEIU notificó a él y muchos colegas que ABM había sido auditada y que quienes no podían demostrar que tenían derecho a trabajar en EE.UU. perderían sus puestos de trabajo.
"ICE determinó que ciertos trabajadores proveyeron lo que ellos calificaron de documentación sospechosa", dijo ABM en respuesta a preguntas sobre la auditoría. "En ese momento, en vez de proveer documentación diferente, algunos trabajadores pueden haber optado por dejar su empleo con la compañía". ABM añadió que todos los empleados fueron reemplazados "bajo los términos de un acuerdo de negociación colectiva".
Morillo, el líder sindical, dijo que la mayoría de los trabajadores se mantuvo en la zona y comenzó a buscar otros empleos. Una encuesta informal del SEIU entre 200 trabajadores despedidos por ABM mostró que solo 6% estudiaba seriamente volver a sus países de origen. Entre todos, tenían 760 hijos que son ciudadanos de EE.UU.

López consiguió trabajo a US$6 por hora para limpiar una taberna, hasta que el jefe encontró a alguien más barato con quien reemplazarlo. Trabajó por tiempo parcial en una pizzería, que cerró. Esporádicamente ha paseado un perro y hecho mandados para un hombre mayor. "Haré cualquier trabajo honesto", dijo.

Para seguir a flote, volvió a hipotecar su casa con ayuda del sindicato. Pero no pagó la cuota del mes pasado. Ha visto amigos perder sus casas, dijo. Como López, pocos se han ido del estado o del país.

Esta semana, consiguió un trabajo de limpieza por un mes en una fábrica por US$8 la hora. "Estoy aliviado de tener algo", dijo durante un recreo.

El FBI interroga a sus anchas a los inmigrantes en territorio de México

LOS PAPELES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Calderón autorizó a los agentes a seguir la pista del terrorismo internacional

JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid - 

24/01/2011

Fuente: El País de España

Un país tan reacio a la intervención exterior en sus asuntos internos como México permite que agentes del FBI interroguen dentro de su territorio a miles de inmigrantes indocumentados detenidos, en su mayoría centroamericanos, para detectar a potenciales terroristas que pretendan atentar en Estados Unidos, según documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks a EL PAÍS, que reflejan también la corrupción dentro de unas fuerzas de seguridad penetradas por el crimen organizado

El Gobierno de Felipe Calderón permite que la policía norteamericana interrogue directamente a miles de indocumentados detenidos en México, según los documentos confidenciales del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks. Los sin papelesatraviesan el país rumbo a la frontera con Estados Unidos: 3.326 kilómetros de divisoria y diarias entradas ilegales dirigidas por los contrabandistas de personas, los coyotes.

México es un país muy nacionalista donde laintervención de terceros causa fricciones políticas y sociales, pero los cables de los diplomáticos norteamericanos revelan que el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) autorizó que los indocumentados fueran interrogados por el FBI y otras agencias de seguridad a requerimiento de las autoridades norteamericanas, obsesionadas con la posibilidad de que el terrorismo internacional aproveche la porosidad de la frontera para atacar EE UU.

Los sin papeles detenidos son recluidos en centros de detención de inmigrantes antes de su puesta en libertad o deportación a sus países de origen, mayoritariamente en América Central, pero también de otras muchas nacionalidades. Según los documentos, los cuerpos de seguridad norteamericanos implicados en la lucha antiterrorista consideran anárquico el funcionamiento de los servicios de inteligencia mexicanos y se muestran irritados por la corrupción institucional. "En lugar de concentrar a los detenidos [inmigrantes indocumentados] en una instalación cerca de la capital, las autoridades migratorias detienen y liberan a los detenidos en el mismo lugar donde los encontraron", lamenta la embajada en un informe enviado al subdirector del FBI (Oficina Federal de Investigación), John S. Pistole, poco antes de su viaje a México en 2008.

No cita el cable el motivo de buena parte de las detenciones: la extorsión de los indocumentados, liberados a cambio de pagos en efectivo o en especie. Las quejas norteamericanas sobre irresponsabilidad policial tuvieron su efecto. "El CISEN, que es nuestro principal interlocutor en la lucha antiterrorista, ha permitido a funcionarios del Gobierno de EE UU entrevistar a los extranjeros detenidos en los diferentes centros de detención desplegados por todo el país para recabar potencial información sobre terrorismo". EE UU considera que la extensión de su frontera sur con México y el escaso control policial ejercido por la policía mexicana sobre el intenso cruce de personas y mercancías lo convierte en un país adecuado para los grupos terroristas dispuestos a lanzar un ataque contra su territorio.

"Un caos rampante, la generalizada corrupción y la incapacidad del Gobierno para combatir esos fenómenos han sido percibidos como unas preocupantes amenazas por quienes buscan en nuestra frontera sur signos de potencial infiltración terrorista", comunica la embajada al subdirector del FBI. El presidente Calderón, según se precisa, está tomando medidas contra ese desorden, con el despliegue de 40.000 soldados, entre otras medidas, pero su Gobierno "tiene otra mirada" respecto a los asuntos de seguridad que interesan a EE UU. Su ofensiva contra el delito organizado desencadenó "violentas luchas dentro de los carteles, así como ataques a los cuerpos de seguridad y un número récord de muertes relacionadas con el narcotráfico". Más de 15.000 personas perdieron la vida el pasado año en muertes relacionadas con el narcotráfico, casi el doble que en 2009; y entre 2006 y 2009 los diferentes cuerpos policiales detuvieron a 99.115 personas en su cruzada contra las drogas.

El embajador en México, Carlos Pascual, alertó sobre el pobre aprovechamiento de los servicios de inteligencia mexicanos, en un informe de noviembre de 2009 remitido al Departamento de Estado. Cita la desconfianza, los celos y la rivalidad entre los diferentes aparatos de inteligencia nacionales como sus principales vicios. No es la primera vez que la legación diplomática denuncia esa descoordinación pero en esta ocasión constata la falta de interés de altos funcionarios en su erradicación: "En una reciente entrevista con funcionarios de la embajada, el secretario [ministro] de Defensa, Guillermo Galván, demostró escaso interés en reforzar la cooperación con otras agencias".

Para EE UU es fundamental aunar esfuerzos, pero a la espera de que así sea, pide a México acelerar el paso contra la corrupción y propone la creación de una policía interna para descubrir a los agentes vendidos al delito, y la utilización del polígrafo en las unidades policiales con información y misiones de envergadura. La situación es alarmante, puesto que la mafia esquiva frecuentemente a la miríada de organismos que participan en la lucha contra el narcotráfico, entre ellos la Secretaría de Defensa y la Marina, el CISEN y la Secretaría de Seguridad Pública (Ministerio del Interior) junto a la Procuraduría General de la República (Fiscalía General) y la Policía Federal. Los 31 Estados de la República y el Distrito Federal, sede de la capital, también cuentan con servicios policiales y de información propios.

Por definición, el CISEN debiera auxiliar, coordinar tareas y procesar la información de otras agencias, pero carece de la capacidad para hacerlo, al toparse con los militares. Sin el liderazgo del CISEN, que pugna por conseguirlo, los servicios de inteligencia que persiguen a narcotraficantes, secuestradores, traficantes de armas, personas y dinero rinden cuentan a sus propios jefes, que administran la información a conveniencia o la subastan. Los carteles atrincherados en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas son especialmente violentos y utilizan cualquier medio para conservar sus feudos.

Tres meses después del envío al Departamento de Estado del informe diplomático sobre el anárquico funcionamiento de los servicios de inteligencia, Calderón solicitó ayuda a la secretaria de Seguridad Interior norteamericana, Janet Napolitano, para poner orden en Ciudad Juárez, con un millón y medio de habitantes, ciudad fronteriza convertida en emblema del delito. Concretamente pidió la entrada en liza del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), población norteamericana situada frente a Ciudad Juárez, al otro lado del río Bravo.

Una valla con 500.000 agujeros

La policía de Arizona, los obstáculos físicos y la vigilancia electrónica no logran frenar el tráfico de personas

GUILLERMO ALTARES (ENVIADO ESPECIAL) - Nogales - 
05/06/2010
El País de España

A los dos lados se extiende un terreno baldío interminable y mítico, el desierto de Sonora, que, como el Sáhara, cada año se traga a cientos de seres humanos, inmigrantes dispuestos a arriesgar la vida para cruzar. Menos el paisaje que es idéntico, la valla lo cambia todo: a un lado, México; al otro, Estados Unidos. A un lado, los que tratan de cruzar; al otro, todos los sistemas de vigilancia posibles que, aun así, resultan insuficientes. "Aquí hay actividad 24 horas al día, siete días a la semana", dice el sargento Mathews, uno de los alguaciles del sheriff del condado de Santa Cruz, en un sector de la frontera bastante alejado de la población más cercana.

• Un terreno seguro para los 'sin papeles' en Tucson
• La tragedia del desierto de Sonora
• Un desierto donde los oasis son seres humanos
• La Patrulla Fronteriza estadounidense mata a un adolescente mexicano en Ciudad Juárez

Las mafias trafican con drogas, armas, dinero y también con seres humanos

"Esta ley nos impedirá perseguir a los criminales", dice el 'sheriff' Estrada

La valla no es uniforme en la frontera de 3.000 kilómetros que separa Estados Unidos y México. En algunos tramos tiene planchas de metal de varios metros de altura; en otros, es una alambrada que se salva de un salto. Cada año cruzan ilegalmente la frontera 500.000 personas, la mitad eligen hacerlo por Arizona.
Un polvoriento camino se extiende junto a la valla y es recorrido constantemente por la Border Patrol, la patrulla fronteriza, y por los agentes del sheriff que se dedican a frenar los tráficos ilegales que campan a sus anchas por este territorio. Por todas partes hay torres de observación, sensores de movimiento, focos...
Sin embargo, la llegada de sin papeles continúa (aunque es la más baja en 10 años), también la actividad de las mafias que trafican con drogas, armas, dinero y también con seres humanos. "Llevamos en este juego mucho tiempo", dice el sargento Mathews. "Cada año seguimos encontrando cuerpos [cerca de 300 en 2009], es una tragedia interminable", dice Tony Estrada, el sheriff del condado al que pertenece Nogales, el paso fronterizo más activo de Arizona, utilizado legalmente por 24 millones de personas al año.

Estrada, nacido en México aunque vino con dos años a EE UU, es el único sheriff de origen hispano del Estado y, junto al de Tucson, es también el único que se ha mostrado abiertamente en contra de la Ley SB 1070, que comenzará a aplicarse el 29 de julio y permitirá a las fuerzas de seguridad parar y pedir la documentación a cualquiera que pueda ser sospechoso de estar ilegalmente en el país. La ley, promovida por la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, ha sido calificada de racista y ha provocado una enorme movilización en la comunidad hispana, sin precedentes desde el movimiento chicano de César Chávez de los sesenta.

"Es una legislación discriminatoria, basada en el perfil racial", asegura el sheriff Estrada. "No me importa cómo la disfracen o lo que digan, es una ley discriminatoria contra la población de origen mexicano. Y además no tenemos ni los medios ni el presupuesto para aplicarla. Esta ley es una auténtica pesadilla, que nos impedirá hacer nuestro verdadero trabajo: perseguir a los criminales. Es mala para la imagen del Estado, mala para la economía y, sobre todo, es mala porque no pretende perseguir a los auténticos criminales, a la gente que comete delitos, no faltas", asegura.

"¿Hay actividad?", pregunta el sargento Mathews a su colega de la Border Patrol, que acaba de bajarse de una torreta blindada que puede elevarse por encima de la valla fronteriza con un motor. "Hemos detectado a cuatro tratando de acercarse a la frontera, pero en cuanto se han dado cuenta de que les hemos visto han desaparecido", replica. Los posibles emigrantes fueron detectados desde bastante más lejos, desde un puesto de observación especial, instalado en una colina, que vigila con prismáticos muy potentes cualquier movimiento. El resto de las patrullas responde con secos "sin novedad", "demasiado calor", "demasiado pronto" a la misma pregunta.

En Nogales la frontera lo impregna todo. Es visible desde todas partes: unas colinas separan el Nogales estadounidense -unas pocas calles llenas de tiendas desperdigadas en la nada- del Nogales mexicano, una ciudad de verdad, que cuenta con 200.000 habitantes. La valla, porque allí es una valla real, es como una cicatriz gigante. En el lado mexicano, las casas crecen prácticamente apoyadas en ella. La frontera también está presente por los constantes cruces -los mexicanos del otro lado pueden cruzar con un permiso especial que les permite desplazarse sin visado hasta Tucson, unos 80 kilómetros al norte- pero sobre todo porque los agentes de la Border Patrol, en bicicleta o al volante de sus imponentes todoterrenos, están por todas partes. Incluso han instalado un control, en el que detienen a todos los coches, en la carretera que une Nogales y Tucson.

Todas las ciudades de frontera se parecen (como todos los alrededores de las estaciones de ferrocarril). Hay algo en el aire que las une, en el tipo de comercios, en el ambiente. Sin embargo, Nogales, del lado estadounidense por lo menos, resulta especialmente dura, y mucho más desde que flota en el aire la SB 1070, aprobada en abril y que, aunque no comience a aplicarse hasta el 29 de julio, ya ha lanzado un velo de temor y reducido mucho el movimiento.

Basta con pasar un rato hablando con unos y con otros junto al principal cruce fronterizo para que los parroquianos avisen de que dos autobuses que acaban de llegar al puesto de control son especiales. En ellos transportan a los emigrantes sin papeles que han sido capturados y que son llevados hasta la frontera (casi todos aceptan la deportación porque el plan B es quedarse en un centro de detención de EE UU a la espera de que se resuelvan sus recursos). Cada día se expulsa a 200. En cuestión de minutos, se les entregan sus escasas pertenencias y, con cara de circunstancias, son enviados al otro lado. Pero todos lo tienen claro, ellos y los agentes de frontera: los inmigrantes volverán a intentarlo.

Narcos y contrabandistas toman la frontera sur de México

Los papeles del Departamento de Estado

Fuente: El País de España

México: Narcotráfico

EE UU tiene 30.000 agentes en la línea fronteriza con México, mientras que solo 125 policías mexicanos protegen los límites con Guatemala.- Los diplomáticos estadounidenses consideran "dramática" la situación en el territorio

PABLO ORDAZ - Madrid - 
11/12/2010

La frontera de México con Guatemala es un territorio salvaje donde narcotraficantes y contrabandistas de armas y personas campan por sus respetos, las avionetas cargadas con cocaína aterrizan a plena luz del día, la policía es ineficaz o corrupta y la población, abandonada secularmente por el Estado, ha decidido aceptar la protección de grupos criminales tan poderosos como Los Zetas. Una serie de cables muy minuciosos, elaborados sobre el terreno por diplomáticos de Estados Unidos destinados en México y Guatemala, constatan que ninguno de estos dos países "trabaja seriamente para que se cumpla la ley" y que, mientras los 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México son vigilados por 30.000 agentes norteamericanos (10 funcionarios por kilómetro), México solo cuenta con 125 agentes para los 1.000 kilómetros de la frontera sur (un policía cada ocho kilómetros). Hay una palabra que utilizan los diplomáticos estadounidenses para describir la situación de la "porosa" frontera: "Dramática".

• Cable sobre la ineficaz vigilancia de México y Guatemala sobre su frontera común

Pablo Ordaz: "La frontera entre México y Guatemala prácticamente no existe"

VIDEO - - 11-12-2010

El corresponsal de EL PAÍS en México analiza los cables sobre las actividades fronterizas en la zona -

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"Desafortunadamente", dice el primer despacho de EE UU analizado por este periódico, elaborado por la Embajada en Ciudad de México, "nuestra visita a los tres pasos fronterizos entre Guatemala y México reveló que actualmente ningún país trabaja seriamente para que se cumpla la ley (...). Los limitados recursos también socavan los esfuerzos: mientras hay 30.000 oficiales de EE UU en las 1.926 millas (3.099 kilómetros) de frontera Mex-USA, solo 125 oficiales de inmigración mexicanos controlan las 577 millas (928 kilómetros) de frontera con Guatemala. Los oficiales mexicanos confirmaron repetidas veces que ellos no tienen los recursos humanos para dirigir los esfuerzos de manera efectiva a lo largo de la frontera sur". Los otros tres cables analizados, confeccionados por la embajada de Guatemala, contienen tantos detalles de los informantes que este periódico ha decidido no hacer público su contenido completo. Los diplomáticos enviados a la frontera de México con Guatemala visitan tres de los puntos más calientes. Playa Grande, Cobán y San Marcos.
"En Playa Grande, al oeste de la frontera de México", se explica en un telegrama, "las unidades del ejército de Guatemala no tenían los recursos suficientes para combatir a los narcotraficantes que utilizan la zona como un punto de tránsito". La visita se produce en octubre de 2009. Los enviados de EE UU apreciaron que "las comunidades locales alrededor de Playa Grande estaban siendo pagadas por los narcotraficantes e impedían el acceso a los policías y militares (...) Pequeñas aeronaves de uno o dos motores vuelan regularmente a Guatemala, principalmente desde Venezuela, llevando más de 1.200 kilos de cocaína. Los narcotraficantes aterrizan en pistas clandestinas y descargan en aproximadamente siete minutos. Camiones ya situados en la pista de aterrizaje transportan la droga directamente a México y a los EE UU. El ratio de éxito es casi del 100% cuando aterrizan de noche".

A modo de gran reportaje, los cables de la embajada describen la visita de su personal a la base militar de Playa Grande, situada al noroeste de la ciudad de Guatemala: "Carece de los recursos más básicos". El comandante de la base les explica que solo dispone de dos camionetas pick-up y un camión, a todas luces insuficientes para patrullar la zona. "La cooperación con la policía y los fiscales es difícil ya que hay solamente cinco oficiales de policía y tres fiscales para cubrir toda el área". El militar guatemalteco pone de manifiesto su falta de confianza en las autoridades judiciales, y lo ilustra con un ejemplo: "El 2 de octubre, un presunto miembro de los Zetas [uno de los carteles mexicanos más sangrientos] que viajaba con documentos de identificación falsos fue detenido, llevado ante el juez..." y liberado tres días más tarde. Los Zetas, según los testimonios recogidos, habían llegado a la zona unos meses antes y ya disponían de varias zonas de entrenamientos. Su lujosa vida -joyas, coches y casas- estaba despertando peligrosamente el interés de los jóvenes guatemaltecos, pero no solo de ellos. El informe señala un extremo muy preocupante, de sobra conocido en determinadas zonas del norte de México: "Los narcos han invertido mucho en infraestructuras públicas, demostrando capacidad para traer mejoras a zonas remotas del país, suplantando al Estado. El comandante de la base señaló que la población local ha empezado a rechazar a policías y militares. Cree que los locales están pagados por los narcos para mantener la presencia del estado fuera de la zona".

Controlar, "una hazaña casi imposible"
La delegación norteamericana constató que patrullar con eficacia las zonas fronterizas "es una hazaña casi imposible". Un alto mando local les explicó que existen 43 pasos de frontera "no oficiales" donde grandes camiones cruzan fácilmente de Guatemala a México sin ser detectados. De los ocho pasos fronterizos sí oficiales, solo cuatro están controlados por oficiales de frontera. "La falta de recursos en Playa Grande", concluye el informe, "es alarmante".
En la zona fronteriza de Cobán, analizada en otro cable, los oficiales norteamericanos no encuentran una situación mejor. "Lo que está ocurriendo allí es típico de muchas áreas rurales de Guatemala. Las fuentes nos dicen que la policía de Cobán es corrupta y está relacionada con los traficantes, y a veces incluso les proporcionan escolta. Algunos jueces y fiscales están demasiado asustados para hacer bien su trabajo. Otros están ligados a los traficantes. Aduciendo que la seguridad no es de su competencia, la mayoría hace la vista gorda a la violencia del narco en las calles de Cobán (...). Ya no es el lugar pacífico que era hace un año y medio...". La culpa, según el informe de los diplomáticos de EE UU, la tiene el cartel mexicano de Los Zetas, formado por ex militares, que ha desplazado a la zona a un centenar de sus sicarios. Según el informe, la presencia del cartel se debe a una invitación expresa de uno de los principales narcotraficantes locales, Walter Overdic Mejía, que pretendía asociarse con los mexicanos para ampliar el negocio.

Pero el proyecto le salió mal. Los Zetas -en plena expansión en México, tras separarse del cartel del Golfo- decidieron trabajar por su cuenta y le disputó la plaza al tal Mejía: "Están comprando tierra para formar un corredor hacia la frontera de México. Se han reunido con los productores locales de palmera africana para decirles qué tierras pueden comprar y cuáles no". Incluso, fieles a su estilo, secuestraron a algunos productores para dejar claro su poder. Según los despachos enviados a Washington por la embajada de Guatemala, un buen puñado de sicarios mexicanos se habían establecido ya en dos barrios populares de Cobán, El Esfuerzo-1 y El Esfuerzo-2, muy cerca del aeropuerto. Las autoridades locales de inmigración le estaban ayudando a obtener pasaportes guatemaltecos. "También se cree que Los Zetas operan un campo de entrenamiento en la zona". Una fuente local informó a los enviados norteamericanos que "los Zetas usan libremente el aeropuerto, incluso en horas diurnas".

Más de 70 pasos ilegales
Otro de los cables analizados reconstruye una visita al departamento guatemalteco de San Marcos, fronterizo con el Estado mexicano de Chiapas. Lo que allí les cuenta el comandante de un pequeño destacamento naval situado roza el esperpento. "Declaró que él tenía dos pequeños barcos para patrullar 125 millas de costa, incluyendo cuatro desembocaduras de río a menudo utilizadas por los contrabandistas. Añadió que actualmente tenía 130 galones de gasolina y como mucho recibía 50 galones cada dos meses. Dijo que con sus recursos limitados su unidad solo podía patrullar una vez a la semana...".

Otro contacto les confesó la existencia de "por lo menos 72 pasos de frontera ilegales para cruzar el río que separa San Marcos (Guatemala) de Chiapas (México)". Y que, para evitarlo, "solo disponía de dos vehículos y 70 hombres". El resto de su plantilla, unos 370 hombres, estaban desplegados en la zona montañosa del interior para, entre otros asuntos, intentar erradicar las plantaciones de amapola. Lo más chistoso sucedió cuando la delegación norteamericana visitó uno de los puntos ilegales de paso: "Varias balsas estaban llevando inmigrantes a México y trayendo mercancías de contrabando a la vuelta a Guatemala. Los contrabandistas no parecían preocupados por la presencia de los militares de Guatemala. Varios ofrecieron llevar a la delegación al otro lado del río por un dólar por persona...".