martes, 18 de diciembre de 2012


¡Queremos cash!

Fuente Revista Poder 360°
Octubre de 2010

La restricción a la divisa estadounidense afecta la economía fronteriza y turística.

Por Alberto Aguirre M.
Economía real. Gran limitación tendrá la gente de la frontera norte que trabaja en Estados Unidos, gana en dólares pero gasta en México.


 Paradojas del control de cambios: en Tijuana, donde este año se fabricarán más de 23 millones de televisores HD y de plasma, las ventas de estos aparatos se han desplomado por la restricción para realizar operaciones bancarias en dólares, que entró en vigor desde el pasado 13 de septiembre en todo el país.

En aquella ciudad bajacaliforniana o cualquiera otra urbe limítrofe con Estados Unidos ya no es posible pagar al contado, con divisa estadounidense, un producto o un servicio cuyo importe exceda los 100 dólares. Tres meses antes, cuando se publicó la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el límite había sido establecido en 40 dólares, pero la presión de los organismos empresariales de Tijuana hizo que se modificara ese techo.

Es la única concesión que harán al respecto las autoridades de la dependencia que encabeza Ernesto Cordero Arroyo. La medida, inscrita dentro de la estrategia integral del Estado mexicano para abatir al lavado de dinero y evitar el financiamiento al terrorismo y al crimen organizado, no será cancelada o postergada.

Apenas se publicó el ordenamiento gubernamental –el pasado 13 de junio–, los empresarios detonaron un plan de resistencia civil, cuya primera expresión fue espectacular: en las vialidades más transitadas de aquella ciudad aparecieron una veintena de mensajes de auxilio, sin destinatario definido: “SOS, el ‘control de dólares’, tiro de gracia para Tijuana y un capricho (impuesto) a más de 3,000 kilómetros de distancia”, se leía en los megacarteles, firmados por los “ciudadanos de Baja California”.

Para Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de Coparmex Tijuana, el gobierno federal ha puesto en una situación límite a los hombres de negocios que invirtieron cerca de la frontera con Estados Unidos. “El primer tiro lo dieron en el 2007, cuando prohibieron la venta de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y el segundo cuando implementaron el Siave [Sistema de Aforo Vehicular]en los cruces fronterizos, que elevó de 45 a 120 minutos la espera en la línea de San Ysidro, en las horas pico. Ahora, están reduciendo el intercambio comercial a su mínima expresión”, detalla.

Héctor Contreras Luengas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, sostuvo que los efectos de esta medida pueden ser letales para la economía de la entidad. “Entre junio y septiembre –calculó– se ha registrado una fuga de capitales superior a los 50 millones de dólares”.

En Tijuana y en San Luis Río Colorado, Sonora, más de 40% de las operaciones comerciales se efectúan en dólares. En Baja Californa, más de 100,000 personas tienen empleo en Estados Unidos, con un ingreso medio de 1,500 dólares mensuales; muchos alcanzan niveles superiores y ahora no tendrán dónde depositar o gastar su dinero, a menos de que lo conviertan a pesos.

En estricto sentido, los bancos y las casas de cambio son los encargados de instrumentar las nuevas disposiciones hacendarias, al quedar restringido el monto de las operaciones diarias y las acumuladas mensualmente. Así, las personas físicas no cuentahabientes sólo podrán hacer manejos de hasta 1,500 dólares mensuales y 300 dólares diarios. Los cuentahabientes podrán operar hasta 4,000 dólares. Las personas morales pueden realizar operaciones hasta por 7,000 dólares.

Mercado negro

Jorge García, socio de asesoría financiera y especialista en investigaciones forenses en Deloitte México, considera que la nueva disposición era necesaria, pero reducir el flujo de dólares en efectivo al mínimo posible creará un mercado negro de la divisa estadounidense. “En el caso de una persona física –dice–, que ahorra en dólares, que tiene una necesidad económica por alguna enfermedad, por ejemplo, y su tarjeta de crédito no cubre la necesidad de la misma, ¿qué puede hacer?, ésa no es una situación de lavado de dinero”. La disposición tiene efectos en todo el territorio nacional y también afecta la compraventa de artículos suntuarios como joyas, autos e inmuebles. “Las personas que queremos hacer una compra de estos artículos normalmente lo hacemos por canales idóneos establecidos e institucionales, por traspasos de banco a banco, y eso se seguirá haciendo –ilustra García–, pero [con la disposición] ahora no podrán llegar con una maleta llena de dinero con miles de dólares o comprar un condominio de cientos de miles o millones de dólares”.

Los problemas mayores se registran en la franja fronteriza y en los centros turísticos, donde en teoría nadie podría pagar hospedajes o consumos de alimentos y bebidas en los hoteles de Gran Turismo o de cinco estrellas, cuyas tarifas promedio exceden los 300 dólares.

Alejandro Salinas Diez, presidente de Canacintra-Tijuana, observa que los pequeños y medianos empresarios afrontan las mayores dificultades. Pone como ejemplo a los  propietarios de refaccionarias automotrices, quienes deben comprar sus insumos y con frecuencia reciben el pago por sus servicios en dólares.

Hernández Niebla dice que los problemas de la medida se materializan en la situación que afrontan los distribuidores de bebidas embotelladas y alimentos empacados, como el pan de caja o las frituras que se consumen en las tiendas de abarrotes. “Uno de nuestros afiliados, en Coparmex, tiene 2,000 camiones repartidores. ¿Qué pretenden las autoridades, que cada una de esas unidades se convierta en un ‘corresponsal bancario’? Por donde se le vea, es una locura”, exclama.

Se refiere a la “solución intermedia” que ha contenido el descontento: la posibilidad de que las empresas asuman las corresponsalías bancarias, con un plazo de gracia de nueve meses que inicia a partir de la firma de una carta de intención. En ese lapso, ha ofrecido la Asociación de Banqueros de México, se completarían los trámites de registro y hasta entonces comenzaría el cobro de comisiones e intereses.

No saber con exactitud a cuánto ascenderían las comisiones ni quién sería el propietario al final de los dólares es lo que ha detenido a la mayoría de los empresarios a sumarse a este ofrecimiento, dice el líder de Coparmex Tijuana.

Los bancos también ya encontraron la forma de sortear los obstáculos impuestos por la Secretaría de Hacienda: una misma persona –ya sea física o moral– puede abrir hasta nueve cuentas, ya sea en una sola institución o en distintas, de modo que puede acumular hasta 56,000 dólares cada mes.

“¿Y así quieren combatir el lavado de dinero –se queja Hernández Niebla–, no lo entendemos, porque al final todo termina siendo una enorme simulación”.

Cabildeo intenso

Los líderes de las principales cámaras empresariales de Tijuana estuvieron, el pasado martes 21 de septiembre, en las oficinas del Senado de la República, para exponer su situación ante los presidentes de las comisiones de Hacienda, José Isabel Trejo, y de Seguridad Pública, Felipe González, ambos del PAN. Allí también estuvieron el subsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el presidente ejecutivo de la Asociación de Banqueros de México, Luis Robles Miaja.

Dos semanas antes, el senador priista Fernando Castro Trenti había presentado una iniciativa de reforma que parece ser la solución de punto final a este problema: se adicionaría un párrafo al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que sea el Banco de México –y no la Secretaría de Hacienda– el que establezca las disposiciones a observar, tratándose de operaciones con moneda extranjera.

“Las disposiciones que estarán vigentes por decreto causarán exactamente lo contrario de lo que buscan, pues van a generar desempleo en las zonas turísticas y en el sector comercio de la frontera norte; el desempleo genera violencia y capacidad para contratar sicarios, que por lo general son jóvenes sin empleo”, advirtió Castro Trenti en la exposición de motivos de su iniciativa.


“Se les pasó la mano: en lugar de acabar con las actividades ilegales, están acabando con toda la actividad económica”, insiste el presidente de Coparmex Tijuana.

Antes que cualquier cambio legal, las distorsiones que ha provocado la restricción de dólares podrían corregirse mediante un correcto proceso de bancarización, dijo el presidente ejecutivo de la ABM el pasado miércoles 22, en un foro organizado por la Asociación de Periodistas de Tijuana (APT), que se realizó en las instalaciones de la Canaco.

Con las corresponsalías bancarias, insistió Robles Miaja, los empresarios podrán depositar dólares sin límites en una cuenta especial. Además se puso en marcha una ampliación de la red de cajeros automáticos y ventanillas de atención. Tan sólo en Baja California, se habilitaron 253 cajeros automáticos.

Los empresarios de Tijuana, sin embargo, mantienen su escepticismo. También las autoridades locales. “Si se piensa hacer caso a todo lo que diga el gobierno de Estados Unidos, entonces también debería copiarse lo bueno”, expresó el presidente municipal electo, el priista Carlos Bustamante ante Robles Miaja.

Los líderes de la Coparmex y la Canaco tienen la certeza de que las autoridades hacendarias no darán marcha atrás, por lo que ahora mismo cabildean, a través de Juan Manuel Hernández Niebla y Mario Escobedo Carignan, con todas las fuerzas políticas para obtener los votos necesarios para aprobar la iniciativa de Castro Trenti.

En la primera quincena de octubre, estiman líderes empresariales y legisladores de Baja California, se habrá dictaminado la iniciativa y estará en posibilidad de someterse a la aprobación en el pleno del Senado.

domingo, 17 de junio de 2012


Suspenderán Deportaciones


Fuente Telemundo 
WASHINGTON - El presidente Barack Obama dijo que su plan de suspender las deportaciones y ofrecer permisos de trabajo por dos años a inmigrantes no autorizados menores de 30 años y que reúnan ciertas características hace al sistema migratorio "más justo y más eficiente".
Autor: AP
"Es la medida correcta", dijo Obama en la Casa Blanca horas después de que la secretaria de seguridad nacional Janet Napolitano anunciara la medida que ofrece un alivio temporal y por vía administrativa a cientos de miles de personas que esperan beneficiarse del proyecto de ley Dream Act. Obama remarcó que "esto no es una amnistía, esto no es inmunidad. Esto no es una vía para la naturalización, no es una solución permanente. Esto es una medida temporal".
"No tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos", dijo el presidente y añadió que tomaba la medida ante la falta de decisión del Congreso "para reparar nuestro sistema quebrado".
El anuncio ocurre días después de que activistas a favor del Dream Act depusieran una huelga de hambre y anunciaran planes de tomar oficinas de campaña de Obama para presionarlo a emitir una orden ejecutiva que detenga las deportaciones, mientras el mandatario corteja activamente el voto hispano, crucial en varios estados, en su búsqueda de la reelección en noviembre.
El centro de estudios Pew Hispanic Center estimó que la medida podría beneficiar a 1,4 millón de personas, incluyendo a 700,000 inmigrantes no autorizados de entre 18 y 30 años que ingresaron a Estados Unidos como niños y que actualmente cursan estudios o ya terminaron la secundaria, y a otras 700.000 personas menores de 18 años y que cursan estudios. El segundo grupo incluye a 150.000 estudiantes de secundaria.
Los republicanos criticaron con dureza la medida. El presidente del comité judicial de la cámara baja Lamar Smith lo calificó de "traición" al pueblo estadounidense porque "este enorme cambio de política tiene consecuencias horribles para los estadounidenses desempleados en busca de trabajo y viola el juramento del presidente Obama de respetar las leyes".
"Esto no es inmunidad, no es una amnistía, es ejercer el criterio para que este grupo de gente joven no se encuentre en el sistema de deportación", dijo Napolitano durante una conferencia telefónica con periodistas. La medida "nos ayudará a continuar haciendo más eficiente el cumplimiento de las leyes de inmigración y asegurar que los recursos no se malgastan en casos de baja prioridad en los que están involucrados estos productivos jóvenes".
Los beneficiarios de esta medida necesitan haber ingresado a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, haber residido de manera continua en el país durante los últimos cinco años y encontrarse actualmente en su territorio, cursar estudios actualmente, haber culminado la educación secundaria, obtenido un certificado de educación general (GED por sus siglas en inglés) o haber servido en las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera.
También necesitan no haber sido sentenciados por delitos mayores, por faltas menores importantes, ni representar amenaza alguna a la seguridad pública. Los inmigrantes no autorizados menores de 16 años no podrán solicitar la anulación de su proceso de deportación, pero funcionarios dijeron que no serán deportados.
Los requisitos coinciden con los estipulados en el Drem Act, aprobado por la cámara baja en 2010 pero que no obtuvo los votos necesarios en el Senado y que buscaba beneficiar a un grupo de personas con esas características. Sin embargo, Napolitano dejó claro que el beneficio administrativo anunciado el viernes será otorgado tras evaluar cada solicitud por separado, igual que la entrega de permisos de trabajo.
Napolitano agregó que la medida podría beneficiar a unas 800.000 personas aunque todo dependerá de cuántos jóvenes acudan a las oficinas de inmigración para demostrar que cumplen con los requisitos, e insistió en que no se entregarán tarjetas de residencia permanente a estos jóvenes: la medida es tan sólo temporal y el procedimiento deberá renovarse dentro de dos años.
"Sigo urgiendo al Congreso a que apruebe el Dream Act", dijo.
La medida administrativa se asemeja a otro proyecto de ley que prepara el senador republicano Marco Rubio, quien se perfila con posibilidades de optar a la vicepresidencia junto al candidato Mitt Romney. Rubio no criticó el anuncio, pero dijo que dificultaría alcanzar una solución permanente.
Numerosos legisladores demócratas expresaron su beneplácito. El senador Dick Durbin, autor de proyecto de ley del 2010, calificó la decisión como un "momento humanitario histórico".
Julio Calderón, un hondureño sin papeles que llegó a los 16 años a Estados Unidos y vive en Miami, reaccionó con alegría.
"Es como un primer paso porque falta mucho, hay muchos padres que siguen siendo deportados", dijo a la AP. "Es un paso correcto... es algo que le quitará el miedo a muchos estudiantes indocumentados", agregó.
El joven pertenece al grupo "Studens Working for Equal Rights" que esta semana exigió al presidente desde Miami que frene las deportaciones. Calderón dijo que tiene claro que la medida es también una maniobra para captar el voto hispano.
Astrid Silva, una joven mexicana de 24 años que vive en Las Vegas, dijo que se siente aliviada no sólo por ella, sino también por todos sus amigos.
"Es algo que soñábamos que iba a pasar. Desafortunadamente los republicanos no querían ser parte de eso y finalmente el presidente tuvo que tomar acción y gracias a Dios el presidente hizo una promesa, tardó un poco, pero cumplió", indicó Silva, una estudiante que culminó con honores la secundaria y reúne 4.000 dólares por semestre para estudiar en la Universidad de Las Vegas.
"Es el principio. Ojalá que también empiece a beneficiar a nuestras familias, a nuestros papás", señaló.
Organizaciones pro inmigrantes y de la comunidad hispana han criticado a Obama no sólo por incumplir su promesa de lograr una reforma migratoria integral sino por haber deportado una cifra sin precedentes de casi 400.000 personas en 2010 y 2011.
Mientras Obama reiteraba sus acusaciones de que la bancada republicana en el congreso obstruye cualquier intento de lograr una reforma migratoria, las autoridades migratorias han adoptado varias medidas administrativas en un intento por limitar las deportaciones a criminales y personas que reingresan ilegalmente a Estados Unidos.
Hasta el momento, la Oficina de Inmigración y Aduanas ha revisado más de 232.000 procesos de deportación y decidió anular 20,000, de los cuales 4.000 han decidido litigar en los tribunales para obtener un permiso de trabajo.
Un sondeo elaborado por NBC News/Wall Street Journal el mes pasado determinó que Obama aventaja a Romney entre el electorado hispano 61 a 27%.
El anuncio se produjo poco antes de que la Corte Suprema emita un fallo sobre la ley migratoria vigente en el estado de Arizona desde 2010, la cual requiere a la policía pedir documentos a cualquier detenido sobre cuyo estatus migratorio tengan sospechas. El Departamento de Justicia acudió a la vía legal para anular la ley.