La República
01 de agosto de 2010
La Ley de Inmigración más dura en la historia de los Estados Unidos entró en vigencia de forma parcial el jueves pasado. El fallo de una jueza federal bloqueó la aplicación de sus disposiciones más polémicas. Si bien esta tregua puede ser considerada un éxito en la lucha de los extranjeros indocumentados, todavía está pendiente el debate en el ámbito judicial. Aquí los efectos de la norma que polarizó al país.
Por Almudena Tiral/ Ghiovani Hinojosa
“A todos esos que nos odian nomás por nuestro color, que Dios los perdone. Para mí esa jueza (Susan Bolton) es una bendición”, dijo la inmigrante Consuelo Quesada al diario virtual “La Opinión”. Ella fue la única de su familia que decidió quedarse en Arizona a pesar de las amenazas que se ciernen en ese estado para los extranjeros. Sus 15 parientes indocumentados prefirieron viajar a Colorado. “Yo no lo hice por mis hijos”, explicó. Ellos tienen doble ciudadanía, es decir, un promisorio futuro legal. Pero, en medio de la tensión que supone sobrevivir en la clandestinidad, Consuelo recibió una grata noticia el miércoles pasado. La jueza federal Susan Bolton ordenó que la Ley de Inmigración de Arizona –la más intransigente en la historia de los Estados Unidos– entrara en vigencia sin sus disposiciones más polémicas. En otras palabras, Bolton bloqueó la norma.
Las principales partes de la ley que quedaron inaplicables son: la autorización a los policías de revisar la condición migratoria de personas “sospechosas” y detenidas por alguna razón, la obligación a los inmigrantes de portar documentos que acrediten su estatus de residentes legales y la prohibición a los extranjeros indocumentados de solicitar empleo en lugares públicos. Sí pasaron el filtro de la jueza Bolton la disposición que prohíbe a los conductores estadounidenses detener sus vehículos para recoger a trabajadores ilegales y la penalización del hecho de alentar a un inmigrante ilegal a vivir en Arizona. La gobernadora del estado, Jan Brewer, ha anunciado que apelará el fallo judicial. La Casa Blanca, por su lado, ha saludado la decisión de Susan Bolton. Así se inicia un largo debate judicial que determinará la validez y aplicación de la ley. Pero los inmigrantes no dejan de estar en guardia, saben que hay un fuerte aparato social y político que hará todo lo posible por arrimarlos a la frontera.
Efectos a nivel nacional
Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración de Estados Unidos, afirma que actualmente en el país hay 22 estados en los cuales se está intentando aprobar legislaciones migratorias conservadoras como la de Arizona. Algunas iniciativas locales están difundiendo terror en la comunidad inmigrante y sentando precedente para otras municipalidades en las que se registran reacciones extremistas. Dos ejemplos son Fremont, Nebraska, donde se aprobó en junio una prohibición de vender o alquilar inmuebles a indocumentados, y Salt Lake City, Utah, donde recientemente circuló una lista de 1,300 “inmigrantes ilegales” con fechas de nacimiento, teléfonos y direcciones.
El Departamento de Justicia estadounidense ha presentado una denuncia contra Arizona para invalidar la ley estatal, declarándola inconstitucional por entrometerse en las competencias federales. Luego del fallo de la jueza Susan Bolton, este proceso será el que resuelva el caso. La iniciativa vino después de que más de 30 jurisdicciones a nivel nacional pasaran resoluciones para condenar la SB1070 –como se conoce técnicamente a la Ley de Arizona–, se unieran a un boicot económico al estado liderado por Los Ángeles e instituyeran prohibiciones de viaje a su territorio. Los alcaldes del país (entre ellos Michael Bloomberg, de Nueva York) se opusieron fervientemente a la legislación en una reciente conferencia anual. Tampoco parece que el torneo de béisbol All-Star Game, que en 2011 debía jugarse en Arizona, vaya a poder realizarse en el estado. “Todos estos pedacitos (del país) están manteniendo vivo el debate migratorio”, afirma Vargas.
Obama ha criticado la controversial ley públicamente y, en el discurso sobre inmigración que dio el 1º de julio, afirmó que “el sistema (de inmigración) está roto y todo el mundo lo sabe”. Muchos le piden acción en vez de palabras. Pero desgastado por una difícil reforma sanitaria y constreñido por el ciclo electoral (las legislativas son en noviembre), todos los pronósticos apuntan a que el presidente no podrá meterle mano a la reforma migratoria hasta el próximo año.
Efectos en Arizona
Aunque no hay datos oficiales, hay evidencia de que muchas familias inmigrantes se han marchado de Arizona a otros estados o de vuelta a sus países. Petra Falcón, directora ejecutiva de Promise Arizona (PAZ), dice que ella ha visto a un número considerable de familias de su comunidad partir, y que se tendrá un mejor conocimiento de la magnitud del éxodo en agosto, cuando el tiempo escolar comience y se vea cuántos niños no regresaron de ‘las vacaciones’.
PAZ comenzó su labor hace pocos meses, antes de que se supiera de la ley, con la intención de sensibilizar a los latinos en el estado de su fuerza como votantes. Pero ahora el rol de la organización se ha magnificado. Llevan desde abril organizando una vigilia diaria masiva frente al Capitolio de Phoenix, ciudad principal de Arizona, de 5 am a 10 pm. La vigilia se ha convertido en centro comunitario para inmigrantes en apuro que vienen aquí en busca de compañía, comida, consejo o un hombro en el que llorar. Pero el miércoles pasado, cuando se conoció el fallo de la jueza Bolton, fue el escenario de abrazos y besos con calor latino.
Felipa (apellido oculto por estado migratorio) se gana la vida recogiendo botellas de plástico y latas de Coca-Cola en las calles de Phoenix. Recuerda que una mañana recibió la llamada de su esposo diciendo que la fábrica donde trabajaba estaba rodeada de sheriffs. Una redada lo llevó junto a otros treinta hombres a una cárcel local. Tras ser deportado a México, volvió a su natal Michoacán, que no había visto en ocho años. “Al principio él me decía que quería que volviese con los niños para empezar una vida allí de nuevo”, cuenta Felipa. Tres semanas después, él afirma haber visto tal nivel de desempleo y delincuencia en Michoacán que no puede imaginar a su familia en ese entorno. No saben aún qué harán. Por el momento, una sabia decisión de la jueza Susan Bolton les ha dado un momento de tranquilidad.
Ilegales en arizona
Según Pew Hispanic Center, los hispanos representan el 4.2% de la población del país. En Arizona son el 30%: aproximadamente dos millones de personas, 10,000 peruanos. Se estima que 500,000 inmigrantes (de ellos 4,500 peruanos) son indocumentados y por lo tanto se verían directamente afectados por la SB1070. Según el New York Times, el trozo de frontera en Arizona es por el que cruzan más inmigrantes desde México.
LA LEY DE ARIZONA (SB1070)
•¿Cuándo? Se firmó el 23 de abril. Entró en vigor el 29 de julio, un día después de que la jueza Susan Bolton bloqueara sus principales disposiciones.
•¿Qué? Criminaliza el permanecer en el estado sin documentación legal. Requiere y permite que los policías locales y estatales pidan documentos de inmigración y arresten a cualquier persona de la que se tenga “razonable sospecha” de estar en el país ilegalmente. Está pendiente de discusión judicial.
•Implicaciones: Discriminación racial. Creación de un estado policial. Mal uso de recursos. El embajador de EEUU en México, entre otros, la ha calificado de “apartheid” y “violación de derechos civiles”.
