28 de agosto de 2011
Fuente: Actualidad Económica del Perú
Por Francisco Durand
Sociólogo, fundador y ex presidente de la Soc. Peruana de San Antonio
Por Francisco Durand
Sociólogo, fundador y ex presidente de la Soc. Peruana de San Antonio
“Somos un país de inmigrantes”, suelen decir con orgullo algunos estadounidenses, no dudando de completar estas frases con alusiones a “la tierra prometida”. En realidad, nunca hubo consenso. Desde hace 200 años el país se ha dividido entre movimientos a favor de la inmigración y movimientos “nativistas” antiinmigrantes. En el 2010 este debate arrecia, esta vez con los latinos.
Hace cinco años el cónsul peruano en Houston visitó San Antonio. Eduardo Rivoldi contó que viajaría a Pearsall, un pueblo con un Centro de Detención en el que los inmigrantes esperaban ser deportados previa decisión del juez. “En Pearsall”, me dijo, “debo visitar a varias familias peruanas”. “¿Cómo?”, le dije, “¿a qué te refieres?”. Me reveló que familias enteras estaban en Pearsall en tanto no pueden separar a padres de hijos. Como el objetivo es deportarlos, todos van adentro.
Lo ocurrido era parte de una nueva política impulsada por los estados fronterizos, que alguna vez fueron mexicanos, para frenar a los “indocumentados”. A veces menores de edad son deportados a pesar de ser ciudadanos en tanto nacieron en EUA. El gobierno federal también se ha endurecido. De acuerdo con enmiendas de la Constitución realizadas después de la Guerra Civil de 1860-65, cualquier persona nacida en el país es automáticamente estadounidense y goza de “protección igual ante la ley”. Creado ese derecho, un siglo después, comenzaron a ocurrir casos en los que mujeres embarazadas cruzaban la frontera –en cualquier punto de las 1.900 millas que la separan de México– para dar a luz y conseguir el ansiado certificado de nacimiento. Al principio, nadie les prestaba atención, hasta que la derecha comenzó a hablar de ‘anchor babies’, bebés ancla, en respuesta a las movilizaciones de indocumentados que estallaron en el 2006. Fue ese año cuando los latinos tomaron las calles gritando “el pueblo unido jamás será vencido”. Las movilizaciones eran una respuesta a un endurecimiento de las autoridades de los estados fronterizos, como California, Arizona, Nuevo México y Texas, que arrestaban a los indocumentados, y querían “sellar la frontera” con un nuevo muro y más patrullas. A ello se sumaban casos como el del sheriff Dan Arpiago, de Arizona, famoso por usar la policía para buscar indocumentados. Aparecieron incluso milicias de rancheros y neoconservadores blancos dedicados a vigilar la frontera.
En realidad, EUA es “un país de inmigrantes”, pero de blancos, así que el debate es más tenso cuando aparecen los “de color”, sobre todo aquellos que llegaron por su cuenta. Entre 1820, cuando emigraron los odiados irlandeses, católicos y peleadores, hasta el 2000 –momento en que predomina el inmigrante latino–, la suma de inmigrantes a EUA era de 66 millones. La mayoría –39 millones– vino de Europa, y a ellos hay que sumar 4 millones del Canadá. Este flujo blanco predominó hasta 1960. Los otros migrantes comenzaron a llegar desde 1960, siendo 17 millones latinos y 9 millones asiáticos. Muchos latinos llegan penetrando la enorme, agreste y semidespoblada frontera con México. Al 2011 hay 50 millones de latinos en una población total de 300 millones. Son la “minoría mayoritaria”, y pesan cada vez más en las elecciones, lo cual obliga a los dos partidos a cortejarlos. 12 millones de latinos votan, representando el 8.7% del electorado, inclinándose a los demócratas.Pero son también un problema, en tanto de los 12 millones de indocumentados, 9 son latinos. Legales e ilegales viven juntos, incluso hay distintos estatus legales en una sola familia, así que no hay forma de separarlos políticamente. Eso les complica el problema a los partidos.
Tres factores han desatado el endurecimiento. Empezó cuando estados como Arizona, “invadidos” por gente “de distinta cultura”, comenzaron a perseguir a los indocumentados. Segundo, el ataque del 11 de septiembre del 2001 creó pánico e seguridad en la frontera. Tercero, la crisis económica y fiscal que sufre el país. Ahora EUA necesita menos mano de obra, y muchos ven a los latinos como transgresores que compiten con bajos salarios. Esos tres factores explican la dificultad de los demócratas de aprobar una reforma migratoria que otorgue una amnistía y el relativo éxito republicano en exigir medidas duras, lo cual genera un empate. Empezó cuando la Cámara Baja, bajo dirección republicana, quiso aprobar en el 2006 una ley que criminalizaba a los inmigrantes ilegales. Fue rechazada por el Senado luego de las manifestaciones. Era difícil encarcelar y deportar a 12 millones. Muchas empresas y familias los necesitan, sea como mano de obra experta y pujante, o como obreros de construcción, cocineros y trabajadores agrícolas, así sean ilegales, o mejor dicho precisamente por ser ilegales al ser más baratos. A la parálisis del Congreso, siguió la deportación a cuenta gotas. En el 2006 hubo más de 250,000 deportados, en el 2009 llegaron a 387,000, y continúa subiendo. En cuanto a los detenidos en la frontera, la tendencia es al revés. El gobierno detuvo a 1´676,000 personas en el 2000. Luego vino el reforzamiento fronterizo del 2001, y para el 2010 la cifra bajó a 500,000. Una señal de aliento.
Se acercan las elecciones y Obama necesita el voto latino. Ha comenzado a ablandar las políticas antiinmigrantes. Acaba de ordenar que en el caso de ilegales que ”no sean una amenaza” puede suspenderse la deportación. Los nativistas conservadores acusan a Obama de preparar ”una aministía por la puerta trasera”. Quieren eliminar a los bebés ancla invocando la enmienda constitucional de 1868 para que no baste con nacer en los EUA para ser ciudadano americano. Pero no tienen los votos. Mientras tanto los latinos se han organizado y ya no esperan lo que republicanos y demócratas puedan hacer. Luchan por su cuenta por el DREAM Act, una ley para que los niños que vinieron con sus padres como ilegales puedan ser legales si estudian o se enlistan en las fuerzas armadas. Unos 200,000 de estos dreamers podrían quedarse en los EUA si se aprueba la ley. La batalla continúa en el paraíso, país que también puede parecerse a un infierno si se es latino indocumentado. Mientras tanto los cónsules latinoamericanos siguen visitando las cárceles, digo, los Centros de Detención. Los latinos siguen organizándose. Algunos comienzan a tener apoyo de sus gobiernos, factor que puede ayudar a inclinar la balanza. Esperamos que Torre Tagle se sume al esfuerzo.
